En marzo de este año, se abrió un debate sobre si era adecuado internar a un adolescente en el centro de rehabilitación y diagnóstico juvenil de Lima. Tras disparar a un compañero y provocarle la muerte ―todo indica que accidentalmente― un estudiante fue internado en el centro conocido como Maranguita. Sin embargo, algunos expertos criticaron esta medida. ¿Cuál es la situación del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima? ¿Está en condiciones adecuadas para cumplir su función socioeducativa?
Resumen
- El sistema de administración de justicia para adolescentes tiene dos modalidades: modalidad abierta y modalidad cerrada, para crímenes más graves.
- La modalidad cerrada consiste en internar a los jóvenes en Centros de Diagnóstico y Rehabilitación con la finalidad de reformar a los jóvenes. El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima o Maranguita es uno de estos centros.
- Para rehabilitar a los jóvenes, este centro hace uso asesores, talleres y otras actividades.
- Maranguita presenta una serie de graves problemas como la sobrepoblación y la falta de aseo.
- La Defensoría del Pueblo ha dado a conocer evidencia de casos de abuso en Maranguita.
¿Para qué sirven los Centros Juveniles de Rehabilitación?
En el Perú, se considera que los menores de edad no pueden ser imputados por la comisión de un delito. En simple, no pueden ir a prisión.
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Por ello, el sistema de administración de justicia para adolescentes debe tener una “orientación socioeducativa” en lugar de centrarse en la aplicación de penas. Se tiene como fin la reinserción social de los jóvenes infractores, recurriendo a la privación de la libertad solo como última instancia.
Esta labor la administra la Gerencia de Centros Juveniles, a través del Sistema de Reinserción Social de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (SRSALP).
Ahora bien, el SRSALP tiene dos modalidades para rehabilitar a los jóvenes infractores: por medio abierto o medio cerrado. El objetivo de la modalidad abierta es la reinserción social de los jóvenes a través de distintos programas que no privan a los infractores de su libertad. Estos programas tienen asesores que ayudan a los jóvenes y a las familias a desarrollar un plan de vida para el infractor o también trabajo en grupo para la formación de valores.
Por otro lado, cuando las faltas son más graves, se lleva a cabo la modalidad cerrada, dirigida a los adolescentes cuya libertad ha sido restringida. Su rehabilitación se da a través de programas que se realizan en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR). Maranguita es el nombre que coloquialmente se le ha dado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima.
Según el documento del Ministerio de Justicia titulado “Justicia juvenil diferenciada: hacia una atención con mayores oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley penal”, los CJDR ofrecen programas para reforzar los hábitos de convivencia de los infractores y reforzar valores y respeto a las normas.
Además, tienen programas para que los jóvenes puedan crear un proyecto de vida con capacitación técnica-ocupacional. Sin embargo, estos centros, incluyendo el CJDR de Lima, tienen graves problemas que no permiten que se cumpla el objetivo de la rehabilitación de los jóvenes.
¿Por qué podría ser problemático internar a un joven en Maranguita?
Uno de los principales problemas de los CJDR, en especial el de Lima, es la sobrepoblación. Según el informe estadístico del 2017 realizado por la Gerencia de Centros Juveniles, el CJDR de Lima tiene una capacidad para albergar a 560 personas; sin embargo, tiene una población de 936 personas. Es decir, tiene un 67% de sobrepoblación.
Un informe del 2017 de la Defensoría del Pueblo sobre los distintos centros de rehabilitación del país, incluyendo al Centro Juvenil de Rehabilitación de Lima, evidencia que estos centros carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad, pues tienen espacios reducidos, iluminación insuficiente y malas condiciones de aseo. Asimismo, sostiene que el hacinamiento no solo provoca el deterioro de las instalaciones, sino también trae problemas de convivencia entre los adolescentes. Este informe se preparó a raíz de un motín en el CJDR de Lima del 2017.
Por otro lado, según el informe estadístico de la Gerencia de Centros Juveniles, para el 2017, el 53.8% de la población del CJDR de Lima había cometido el delito de robo agravado; el 7.6% había cometido homicidio simple; el 7% había cometido violaciones sexuales y el 5.6% homicidio calificado.
Asimismo, en la región de Lima, el 73.6% de los adolescentes en centros juveniles afirma vivir en barrios con presencia de bandas criminales y pandillas y el 23.7% afirma ser miembro de una banda u organización criminal.
(Motín en Maranguita en el 2003 – Agencia Andina)
La Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo (MNPT), en su segundo informe anual del 2018, revela la situación de los internos en el CJDR de Lima. De las 114 encuestas recogidas en su estudio, 23 adolescentes indicaron haber sido víctimas de agresiones físicas, dos de agresiones psicológicas y dos de agresiones morales (aquellas agresiones que se refieren a convicciones de tipo religioso, intelectual o social de las víctimas).
Además, los entrevistados indicaron que los agresores eran, en algunos casos, personal del centro juvenil. Asimismo, algunos manifestaron que por las noches eran engrilletados de las manos dentro de sus celdas para dormir, lo que les había producido lesiones. Estas condiciones podrían constituir situaciones de tortura, según el MNPT.
Por último, en el 2018 ocurrieron tres motines en el CJDR de Lima. En el último de ellos, los internos provocaron incendios en las instalaciones y perforaron las paredes para poder pasar a otros ambientes. Julio Magán, gerente de los Centros Juveniles del Poder Judicial, informó que, durante este motín, cinco personas (policías y personal de seguridad) resultaron heridas.
Tras el suceso, la Defensoría del Pueblo investigó las instalaciones de los distintos CJDR a nivel nacional y concluyó que la insuficiencia de personal trae como consecuencia la falta de garantías mínimas de seguridad. Por estas razones la Defensoría pidió al Poder Judicial declarar en emergencia a los reclusorios para menores a nivel nacional.
