Detrás del milagro económico: los derechos humanos en China

• Desde 1949 el país es gobernado dictatorialmente por el Partido Comunista Chino.
• Diversos informes coinciden en que la República Popular China es el país que más aplica la pena de muerte.
• La Constitución China establece que este país es una “dictadura democrática popular” dirigida por el Partido Comunista Chino.
• Diversas organizaciones de DDHH denuncian la existencia de centenares de presos políticos y millones de presos detenidos en campos de trabajo conocidos como Laogai.
• El régimen restringe la libertad de expresión y ejerce un control absoluto sobre el acceso a Internet. 
• Existe una represión muy fuerte contra minorías étnicas y religiosas, como cristianos católicos, musulmanes uigures, budistas tibetanos y seguidores de Falun Gong.
• El gobierno chino ha establecido campos de reeducación para minorías religiosas y existen denuncias por extracciones de órganos sin consentimiento.

De acuerdo con diversas organizaciones de DDHH, la República Popular China es, junto a otros países como Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán, uno de los que más emplea la pena de muerte como medida punitiva. Al respecto, Laogai Research Foundation señala que más personas son ejecutadas en China cada año que en el resto del mundo juntas. Sin embargo, el régimen comunista chino oculta la cifra anual de ejecuciones como secreto de Estado.

Dui Hua, organización sin fines de lucro que promueve los DDHH en China, estima en 2000 el número de ejecuciones aplicadas durante el año 2018. A pesar de tratarse de la tasa más alta  de penas de muerte a nivel global, el número ha disminuido significativamente con respecto al 2002, año en que fueron ejecutados 12,000 seres humanos.

(Fuente: duihua.org )

Según Amnistía Internacional, un factor relevante en la reducción de esta cifra es haber devuelto a la instancia judicial más alta del régimen, el Tribunal Supremo Popular, la potestad de revisar todas las condenas de muerte. Este cambio se realizó el año 2006, mediante una reforma del sistema judicial que privó a los tribunales populares provinciales de la última palabra sobre la aplicación de esta condena.

En la República Popular China, además del Partido Comunista Chino (PCCh), existen otros ocho partidos políticos legales, los denominados “partidos democráticos”. Estos partidos, que conforman junto al PCCh el llamado Frente Unido, son: el Comité Revolucionario de Kuomintang de China, la Liga Democrática de China, la Asociación para la Construcción Democrática de China, la Asociación para la Promoción de la Democracia en China, el Partido Democrático Campesino y Obrero de China, el Zhigongdang de China, la Sociedad Jiusan y la Liga de Autonomía Democrática de Taiwán.

A pesar de la existencia del Frente Unido, la subordinación absoluta al PCCh implica que el régimen chino es en realidad de partido único. De acuerdo con la propia Constitución de este país, la República Popular China es una “dictadura democrática popular” que tiene como característica definitoria la dirección del PCCh y en donde “se prohíbe la interrupción del sistema socialista por parte de cualquier organización o individuo” (artículo 1°). Lo anterior significa que China carece de un verdadero multipartidismo y que todo partido político de ideología distinta a los del Frente Unido es ilegal.

El régimen chino no proporciona información acerca de la cifra de sus prisioneros políticos. Sin embargo, Laogai Research Foundation, ONG que busca difundir información acerca de los campos de concentración chinos, ha contabilizado en 879 el número de presos políticos durante el 2018.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva del Congreso en China (CECC), creada en el 2000 por el Congreso estadounidense para monitorear y alentar el cumplimiento de normas de DDHH en China, ha elaborado una lista de 1,414 presos políticos detenidos o encarcelados a partir de noviembre del 2017. Esta lista no incluye las detenciones a tibetanos en o después del 10 de marzo del 2008, ni las detenciones contra miembros de la etnia uigur en o después del 5 de julio de 2009.

Entre los disidentes políticos encarcelados destacan los casos del líder religioso tibetano Tenzin Deleg Rinpoche, quien murió el 2015 purgando cadena perpetua; el Nobel de la Paz Liu Xiaobo, quien murió de cáncer al hígado bajo custodia el 2017; y Yan Tongyan, escritor y crítico al régimen comunista, quien murió por problemas de salud también durante el 2017, poco después de salir en libertad condicional.

A lo anterior se suman casos de detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y juicios injustos. Al respecto, Amnistía Internacional señala que se siguen cometiendo tortura y otros malos tratos de forma generalizada bajo custodia y durante los interrogatorios debido a las deficiencias de la legislación y problemas estructurales del sistema de justicia penal. Asimismo, existe una importante población penitenciaria condenada a trabajos forzados. Según un detallado informe elaborado por Laogai Research Foundation, durante el año 2009 existían entre 3 y 5 millones de internos en esta clase de campos.

(Fuente: Laogai Research Fundation)Finalmente, desde el 2006 el diario Da Jiyuan (La Gran Época), medio independiente al gobierno chino, informa sobre la sistemática sustracción de órganos a prisioneros de conciencia (es decir, por motivos de religión, raza, creencias políticas, etc.) por parte de las autoridades chinas, tema sobre el que existen diversas investigaciones.

Human Rights Watch señala que el régimen comunista hostiga y detiene a blogueros, periodistas y entrevistados que cubren temas de DDHH; controla ideológicamente las universidades reprimiendo a profesores; y presiona a compañías extranjeras para que adhieran posiciones políticas promovidas por el PCCh. En consecuencia con lo anterior, los ciudadanos chinos ven vulnerados derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública.

El control del acceso a Internet es otro ejemplo elocuente de la naturaleza del régimen. En la República Popular China, el Partido Comunista decide a qué páginas web puede acceder o no la población. De acuerdo con Amnistía Internacional, China dirige uno de los regímenes de censura de Internet más extremos del mundo, donde miles de páginas web y redes sociales siguen bloqueadas, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. Actualmente, esta censura se sustenta en la Ley de Seguridad en Internet, de junio del 2017, norma mediante la que la “dictadura democrática popular” consagra la “soberanía en Internet”, almacenando datos de los usuarios y vulnerando normas internacionales.

A pesar de que la Constitución China establece que los ciudadanos son libres de profesar sus creencias religiosas, en este país se reprime constantemente a cristianos católicos, musulmanes uigures, budistas tibetanos y seguidores de Falun Gong.

Desde la invasión china del Tíbet en 1950, este territorio ha padecido un intenso proceso de represión religiosa y cultural. Esto se ha traducido, entre otras cosas, en la destrucción de centenares de templos budistas, el exilio del Dalai Lama, el sistemático adoctrinamiento de la población, centenares de monjes prendiéndose fuego en señal de protesta, el impedimento de salida de tibetanos mediante la restricción de pasaportes, etc. Según Puente Democrático, más de 1,200,000 tibetanos han muerto desde la ocupación ilegal de China. Por su parte Freedom House señala que:

“La libertad religiosa está severamente restringida en el Tíbet, en gran parte porque las autoridades interpretan la reverencia al Dalai Lama y la adhesión a la forma única de budismo de la religión como una amenaza para el gobierno del PCCh.”

(La Región Autónoma del Tíbet, República Popular de China. Fuente: Free Tibet)

En el caso de los católicos, que según Pew Research suman 9 millones (de un total de 67 millones de cristianos chinos), el régimen ha impuesto desde 1957 una iglesia oficial, la Asociación Patriótica Católica China, obligando al clero chino a obedecer a esta institución antes que al Vaticano, es decir, a la autoridad papal. Esto ha dividido al catolicismo chino, conduciendo a millones de creyentes a preferir profesar su fe clandestinamente antes de obedecer a una iglesia controlada por el PCCh. La respuesta del gobierno ha sido demoler iglesias, destruir imágenes religiosas, encarcelar a creyentes, reprimir a sus abogados e impedir celebraciones religiosas. Según Freedom House:

“(…) las autoridades locales han aumentado los esfuerzos para detener la difusión del cristianismo en medio de la retórica oficial sobre la amenaza de los valores ‘occidentales’ y la necesidad de ‘sinicizar’ las religiones. (…) Cientos de clérigos religiosos y creyentes laicos han sido detenidos y sentenciados a prisión.”

Con respecto a los musulmanes uigures que habitan al noreste de China, en la Región Autónoma de Xinjiang, en el 2015 el régimen implementó el “Reglamento de Extremismo de la Región Autónoma Uigur”, norma con la que se reprime brutalmente a esta población. Según organizaciones de DDHH, el régimen ha implementado centros de reeducación para esta minoría étnica y religiosa.

En agosto del 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) señaló que existen numerosos informes acerca de la detención de gran número de uigures, quienes son mantenidos bajo incomunicación durante largos periodos. La CERD estima que hay entre decenas de miles y un millón de uigures detenidos en campos de reeducación. Un reciente informe de Chinese Human Rights Defenders señala lo siguiente:

“(…) los arrestos criminales en Xinjiang representaron un alarmante 21% de todos los arrestos en China en 2017, aunque la población en el XUAR es solo alrededor del 1.5% del total de China (…) La proporción de arrestos formales realizados en Xinjiang ha aumentado en un 306% en los últimos cinco años en comparación con el período de cinco años anterior.”

Finalmente, está la represión contra los seguidores de Falun Gong, disciplina espiritual de influencia budista seguida por más de 70 millones de chinos. Según Freedom House, desde julio de 1999 el PCCh ha implementado toda una gama de tácticas para suprimir el Falun Gong, que incluyen la vigilancia generalizada, la detención arbitraria, el encarcelamiento, la tortura y un alto riesgo de ejecución extrajudicial, seguida de “la extracción de sus órganos para venderlos a altos precios a pacientes chinos y ‘turistas de trasplantes’ extranjeros como parte de una industria multimillonaria”. Al respecto, Human Rights House Fundation se ha pronunciado señalando que los seguidores de Falun Gong:

“(…) son considerados candidatos ideales para los trasplantes por parte de los chinos debido a su estilo de vida, que incluye abstenerse de la mala comida, el licor y el tabaco y hacer ejercicios diarios de tai-chi.”