Por: Enterarse
Equipo de investigación
Este informe fue publicado en junio del 2019 y ha sido actualizado con los últimos datos disponibles hasta mayo del 2020.
El sistema penitenciario del Perú tiene problemas bastante graves. De acuerdo con el Informe Estadístico Penitenciario que publicó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) en febrero de este año, la población de internos fue de 96,870 personas. Sin embargo, las cárceles peruanas solo tienen capacidad para albergar a 40,137 personas, lo que arroja un 141% de sobrepoblación en los penales. Además, al problema de la sobrepoblación se le suman enfermedades, falta de personal médico, condiciones inadecuadas para mujeres embarazadas y niños, ausencia de políticas públicas para adultos mayores, falta de información y más.
Según el documento “Política nacional y plan nacional de política penitenciaria 2016 - 2020” del Ministerio de Justicia, si el aumento de internos y la capacidad de albergue mantienen las tendencias de crecimiento que registraron para el periodo 2010-2014, para el 2035 habrá una sobrepoblación del 282%. El Ministerio de Justicia proyecta que ese año habrá 222,487 internos y una capacidad de albergue para solo 58,187 reclusos.
A continuación, te mostraremos la situación en la que se encuentran los penales y los internos en el Perú.
- A febrero del 2020, los centros penitenciarios a nivel nacional contaban con 96,870 internos. Sin embargo, su capacidad es de 40,137 personas. Existe hacinamiento de más del 140%.
- La sobrepoblación en centros penitenciarios a nivel nacional afecta la salud y condiciones de vida de los internos.
- Existe carencia de datos sobre la situación de los reclusos, incluyendo aquellos de las poblaciones consideradas vulnerables (LGTBI, indígenas, extranjeros, madres gestantes, adultos mayores y niños).
- Mientras que la tasa de tuberculosis a nivel nacional es de 99 por cada 100 mil habitantes, en los penales la tasa es de 3,596 casos de tuberculosis por cada 100 mil reos.
- Los penales no cuentan con espacios adecuados para las madres gestantes, los niños ni tampoco tienen el personal de salud necesario para atender las necesidades de los reclusos.
Empecemos por algunos datos generales sobre la condición legal de los presos en las cárceles peruanas. El Inpe indica que a febrero de este año la población total de internos fue de 96,870. De este total, 36,515 se encuentran en calidad de procesados (es decir, son legalmente inocentes, pero cumplen prisión preventiva), mientras que 60,355 ya cuentan con una sentencia. A su vez, 5,234 son mujeres, subdivididas en 2,219 que ya están procesadas y 3,015 sentenciadas. En el caso de los hombres la cifra se eleva a 91,636, de los cuales 34,296 están procesados y 57,340 sentenciados.
En total, el número de internos procesados representa el 37.69% del total de la población penal.
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Existen 68 centros penitenciarios a nivel nacional y, de acuerdo con los artículos 65 y 66 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario (ROF), los penales se clasifican en cuatro tipos:
A: más de 1,200 internos B: de 900 a 1,199 internosC: de 200 a 899 internosD: de 1 a 199 internos
Según el Inpe, el 37% de los penales del Perú tiene más de 1,200 internos. Sin embargo, no todos los penales comprendidos dentro de este 37% son de tipo A, ya que muchos son grandes en ocupación, pero no en capacidad de albergue. Si consideramos solo la capacidad de albergue, solo el 13% de los penales puede considerarse de tipo A. Es así que, en la actualidad, hay 9 penales de tipo A, 10 de tipo B, 23 de tipo C y 26 de tipo D.
Para el Comité Europeo para los Problemas Criminales, cuando la sobrepoblación excede en 20% o más la capacidad del penal, estamos frente a un problema de hacinamiento. Para el mes de febrero del 2020, había un exceso de 56,733 internos en todo el sistema penitenciario, lo que representa un 141% de sobrepoblación y constituye una situación de hacinamiento general.
Siguiendo esta línea, el Inpe apunta que, de 68 establecimientos penitenciarios, 49 están en condición de hacinados (72%). El penal de Lurigancho, por ejemplo, tiene una capacidad para 3,204 personas, pero alberga a 9,893 internos. Esto da como resultado 209% (6,689) de sobrepoblación y lo ubica en el puesto 23 de los más hacinados.
Sin embargo, el penal de Chanchamayo es considerado el más hacinado con un porcentaje de sobrepoblación de 523%. Pese a que este centro penitenciario tiene una capacidad para 120 reos, para inicios de este año contaba con sobrepoblación de 664 personas, es decir, alberga a 784 internos. En contraste, el penal de Cerro de Pasco es el menos hacinado: tiene capacidad para albergar a 96 internos y en la actualidad solo tiene a 12.
La situación de las mujeres en centros penitenciarios continúa siendo un desafío para la administración penitenciaria. De acuerdo con el informe "Retos del Sistema Penitenciario Peruano: Un diagnóstico de la realidad carcelaria de las mujeres y varones" elaborado por la Defensoría del Pueblo, las internas tienen limitaciones en temas de salud y oportunidades de estudio (el informe fue publicado en diciembre del 2018, pero las visitas a los establecimientos penitenciarios fueron realizadas en julio del 2017). El problema se agudiza cuando estas se convierten en madres y pasan, posteriormente, a convivir con sus hijos en los mismos penales (solo hasta que cumplan los tres años de edad).
Para el 2017, la Defensoría del Pueblo señaló que había 4,706 mujeres a nivel nacional distribuidas en 35 penales: 23 mixtos (hombres y mujeres) y 12 únicamente para mujeres. Por su lado, el INPE reportó que, hasta febrero del 2020, había 170 niños de los cuales 90 son varones y 80 mujeres, con mayor concentración de niños de 0 a 2 años.
El informe defensorial mencionado líneas arriba indica que se hallaron 24 mujeres gestantes: 10 de ellas en penales mixtos y las 14 restantes en paneles de mujeres. El penal de Mujeres de Chorrillos es el que alberga a más mujeres embarazadas (7).En el caso de las madres que viven con sus hijos dentro del mismo centro penitenciario, la situación se torna complicada en tanto no existen espacios diferenciados del resto de la población en los penales. Solo el penal de Chorrillos cuenta con un pabellón exclusivo para niños y niñas.
Para julio del 2017, se había identificado que en 54 penales había 170 menores de edad: 72 (42%) vivían en 16 penales mixtos y 98 (57%) en 9 penales de mujeres. De estos penales mixtos, 7 cuentan con guardería o cunas; y solo 4 tienen ambientes de recreo. Sumado a ello, y de acuerdo con el artículo 78 del reglamento penitenciario, existe la necesidad de contar con profesionales médicos especialistas, pero ningún penal cuenta con la presencia de un pediatra.
Según el reglamento penitenciario, “la interna gestante o madre y sus hijos menores que conviven con ella gozan de amplia protección por el sistema penitenciario”. Esto, sin embargo, no estaría cumpliéndose. En su informe, la Defensoría del Pueblo asegura que los penales ―a excepción del penal de Chorrillos que solo cuenta con personal obstetra― no tienen personal médico para el tratamiento y atención de las internas y sus niños (ginecólogos, obstetras, pediatras). Por esta razón, los controles pre y post natales, por ejemplo, tienen que realizarse en centros de salud externos.
A ello se suma la situación de los demás internos, quienes no cuentan con los servicios de salud necesarios, ya que, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el número de médicos en cárceles se encuentra “muy por debajo de la cifra óptima”. Si nos basamos en las metas establecidas por la Organización Panamericana de la Salud (oficina regional de la Organización Mundial de la Salud), debe haber por lo menos 25 profesionales de la salud (médicos, obstetras y enfermeras) por cada 10 mil habitantes.
En contraste, según el Informe estadístico de tratamiento penitenciario del cuarto trimestre del 2018 elaborado por el Inpe, hay 17 profesionales de la salud por cada 10 mil presos. En total, sabemos que en los penales peruanos trabajan 67 médicos, 73 enfermeras y 18 obstetras para una población que ya excede a las 91 mil personas. El Inpe no brinda información más reciente sobre este tema en sus informes de tratamiento penitenciario.
La Defensoría, además, indica que la cifra de médicos que trabajan en el Inpe es similar a la del año 2006, cuando la población penitenciaria no superaba los 40 mil internos. El informe publicado en diciembre del 2018 también agrega que los medicos se encuentran mal distribuidos pues el 61.2% se encuentra en la Región Lima (a febrero de este año, esta región concentraba al 47% de los internos). Sin embargo, la Defensoría reportó que el problema “más grave” en relación a la salud penitenciaria son las precarias condiciones que rodean el trabajo de los profesionales de la salud, la carencia de medicinas esenciales y de ambulancias equipadas.
El único psiquiatra que trabajaba en el Inpe al momento de la visita defensorial, asimismo, se encuentra en la Región Lima y realiza visitas itinerantes por los distintos penales que la componen. La falta de psiquiatras en los penales contrasta con las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la Organización de las Naciones Unidas. Este documento establece que “todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico (...) con conocimientos psiquiátricos”.
A la grave situación de mujeres gestantes y niños se les suma la de otras poblaciones vulnerables como los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad. En el caso de los primeros, la Defensoría registró 2,720 internos pertenecientes a la tercera edad. De estos, 2,472 son varones y 248 mujeres. Solo el penal de Chorrillos tiene un pabellón para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pero las condiciones no son las adecuadas, según la Defensoría del Pueblo. Estas cifras podrían ser más elevadas debido a que hay penales que no cuentan con data sobre esta población. Además, la Defensoría apunta que el Inpe no ha desarrollado políticas públicas especiales para los adultos mayores.
En el caso de personas con alguna discapacidad, se tiene el registro de 421 internos, quienes representan el 0.51% de la población total a nivel nacional. Sin embargo, no se ha podido precisar qué tipos de discapacidad tienen puesto que no hay data. Para la Defensoría, esta ausencia de datos explica por qué el Inpe no elabora programas a favor de las personas con discapacidad (solo existen algunas acciones aisladas).
Otros tres grupos considerados como vulnerables por la Defensoría del Pueblo son los extranjeros, la población indígena o campesina y la población LGTBI. La Defensoría indica que los problemas que afectan con mayor frecuencia a los extranjeros son la ausencia de sus familiares y la dificultad que tienen para adquirir artículos de primera necesidad por falta de dinero.
En cuanto a la población LGTBI e indígena, se resalta que los penales no cuentan con datos confiables sobre cuántos reclusos pertenecen a estos grupos ni con políticas públicas especiales. El informe de la Defensoría no brinda mayor información sobre la situación en los penales de estos dos grupos.
Respecto a las enfermedades, el Inpe publica desde el 2018 los llamados informes estadísticos de tratamiento penitenciario. Estas publicaciones constituyen el mejor registro del que disponemos sobre la prevalencia de enfermedades en los penales.
Según el último Informe de tratamiento penitenciario, son 3,270 los presos que fueron diagnosticados con tuberculosis en los penales del Perú durante el 2018. Además, el Inpe indica que la tasa de tuberculosis por cada 100 mil habitantes es 36 veces mayor para la población penitenciaria que para el total del Perú. En otras palabras, mientras que en el Perú se registró 100 casos de tuberculosis por cada 100 mil habitantes en el 2018, en los penales la cifra fue de 3,596 por cada 100 mil reos.
El Inpe no ha reportado cuál fue la tasa de tuberculosis en los penales durante el 2019.
La tasa de tuberculosis en las cárceles peruanas, asimismo, ha venido creciendo desde el 2010, cuando por cada 100 mil presos 2,004 tuvieron tuberculosis. Según la Defensoría del Pueblo, esta enfermedad infecciosa, considerada una de las diez mayores causas de mortalidad en el mundo, se propaga con mayor probabilidad en lugares hacinados, con poca ventilación natural y mala higiene como los penales peruanos.
Otro problema de salud que existe en las prisiones es el del VIH-SIDA. Según el Inpe, a setiembre del 2019 se reportó 828 casos de personas viviendo con VIH-SIDA. El informe de tratamiento penitenciario del Inpe, sin embargo, no indica cuántas personas viven solo con VIH y cuántas han desarrollado SIDA. Y es que, mientras que el VIH es un virus que daña el sistema inmunitario de las personas infectadas, el SIDA representa un estadío avanzado de la infección por VIH. Es decir, una persona tiene SIDA cuando su sistema inmunitario ha dejado de cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. Lo que sí ha reportado el Inpe es que 753 internos han recibido tratamiento retroviral.
Pese a la falta de información del Informe de tratamiento penitenciario del Inpe, la Defensoría sí ha reportado cuántos casos encontró de VIH y cuántos de SIDA en los 54 penales que visitó. A julio del 2017 se supo que había 111 internos con SIDA y 615 infectados con el virus del VIH (pero sin SIDA). El penal de Lurigancho es el que tiene mayor número de personas con este virus: 173 internos. De la misma manera, el penal de varones de Piura es el que tiene el mayor número de personas con SIDA: 24 de aproximadamente 3,600.
Asimismo, el informe de la Defensoría del Pueblo detalla que hay 560 personas con trastornos mentales en 54 penales. Como se mencionó líneas arriba, la Defensoría indica que en el Inpe solo trabaja un psiquiatra.
Esta situación ha cambiado un poco para el tercer trimestre del 2019, cuado el Inpe reportó que había 516 casos de internos con diagnóstico psiquiátrico. Esta institución señala contar con los servicios de 208 psicólogos. Esto representa un aumento frente a los tres psicólogos que el Inpe reportaba en el cuarto trimestre del 2018. Sin embargo, el Inpe no brinda información sobre cuántos psiquiatras trabajan en los penales.
El Informe de tratamiento penitenciario también muestra que, en la región Lima, hay un psicólogo por cada 383 internos. Esta situación es más crítica en la región Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca), la segunda con mayor número de reos (17,863). Allí hay un psicólogo por cada 940 presos. La región con el mayor ratio de psicólogos por número de internos es Sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), donde hay un psicólogo por cada 303 presos. Asimismo, el Inpe señala que entre setiembre del 2018 y setiembre del 2019 se ha brindado atención psicológica de manera mensual al 10% de los internos.