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Es común escuchar en los medios discursos elocuentes y efusivos sobre la vocación de servicio y del compromiso con el Pueblo por parte de los políticos y los servidores públicos.
Y sí. Sin duda alguna en la generalidad, esa es la motivación y la función de un servidor público. Político, burócrata o ambas cosas.
Pero en la vida más allá de los discursos y las directivas moralistas generales, están los planes de acción concretos, delimitados, estudiados y sustentados en profundos y concienzudos análisis, estudios e investigaciones, formulaciones técnicas, priorizaciones y planificación.
La distancia entre un discurso y un verdadero plan estratégico es inmensa.
Para complicar más el asunto, la realización de un plan pasa por la ejecución de acciones concretas y muchas de ellas en simultáneo. Por eso es necesario tener suficiente conocimiento para poder prever y calcular el efecto en cadena de las acciones que debamos tomar en determinado momento.
Esto quiere decir que además de planear, delimitar, estudiar, sustentar y priorizar; es vital el poder predecir qué será necesario hacer en un segundo momento, luego en un tercero y así sucesivamente.
Si este no es el modo de actuar, lo más probable es que algo que parece hoy una solución para determinado problema, termine siendo el origen de futuros problemas de mayor envergadura y complejidad.
Por eso es que no es simple ni sencillo legislar o gobernar para una sociedad determinada. Sin duda, debe ser labor de los más calificados. Y esto último en su sentido más amplio, desde lo técnico y científico, hasta lo ético y filosófico.
En ese sentido, la primera cosa a determinar es saber de manera absoluta para quién se legisla y para quién se gobierna. La respuesta, intuitiva y común, es: PARA EL PUEBLO.
Sin embargo, es lo mismo que con el discurso y el plan estratégico: RESPUESTA GENERALISTA.
La respuesta correcta debería ser: PARA LOGRAR EL MAYOR ESTADO DE BIENESTAR DE TODOS LOS INDIVIDUOS QUE COMPONEN LA SOCIEDAD. Es decir, EL CIUDADANO.
Entonces la siguiente pregunta es: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR BIENESTAR?
La respuesta tampoco puede ser ni generalista ni etérea. Debe ser concreta y claramente definida. También la síntesis de esta definición debe ser integral, es decir que debe abarcar todos los aspectos de la expectativa del ciudadano, tanto desde el punto de vista individual como desde el punto de vista de sus células sociales.
La organización política de una nación descansa exacta y solamente en esto. El CONTRATO SOCIAL. Su por qué y para qué, son justamente la consumación exitosa del interés primigenio del individuo y de sus células sociales.
No existe otro objetivo para la estructura política de una nación que lograr el mayor bienestar posible para los ciudadanos.
Y es que esto es el origen y fundamento del CONTRATO SOCIAL. El ciudadano, como individuo, pone en manos de un grupo de personas, calificado y confiable, la gestión de todas aquellas cosas que no puede gestionar individualmente. Ese acuerdo se define por un listado de componentes que agregados resultan en la fórmula del BIENESTAR.
Esta combinación de elementos se define, además, en tres dimensiones: elementos físicos, elementos emocionales/psicológicos y elementos de sostenibilidad y mejora en el futuro.
Todo lo demás sobra. Todo aquello que no suma en el bienestar físico y emocional y en lograr sostenibilidad y mejora del BIENESTAR de los ciudadanos está fuera del acuerdo y por lo tanto traiciona la virtud primigenia de la política y la administración pública. La política y la administración pública no existen sino para y por los ciudadanos. No por ellas mismas ni para satisfacer intereses de sus organismos ni miembros.
Es, sin duda alguna, la CONSTITUCIÓN la que consagra nuestra definición de BIENESTAR. Y contra lo que la gran mayoría políticos y funcionarios públicos dicen a través de todo medio posible, es concreta y está clara y específicamente detallada.
La gran mayoría de políticos y burócratas se arrogan la representación del pueblo y afirman trabajar para él. Rara vez se les oye dar datos concretos de cuál es su labor específica. Rara vez definen su gestión en un grupo de indicadores que distinga claramente los alcances de su labor ni, por supuesto, su importancia con relación al bienestar de los ciudadanos. Se escudan en generalidades y frases amplias y etéreas. “Anchas y ajenas”.
Y es que, lamentablemente, en el Perú, la política y la gestión pública son una manera de vivir, una manera de tener empleo sin tener que dar explicaciones ni justificar la labor con resultados concretos, matemáticamente medibles. Los políticos y los burócratas existen por y para ellos mismos. Traicionan a diario la virtud del Contrato Social que se debe únicamente al ciudadano y su bienestar.
Utilizan en forma malsana un discurso verborrágico, oportunista y vacío, pero engañoso para lograr sus fines individuales y han creado una casta antinatural y parasitaria que pesa sobre la espalda del ciudadano, que además está obligado a financiarla porque, para colmo de males, aquella es la que maneja las reglas de juego…
