Lo que nos revela el debate sobre las AFPs - por Daniel Córdova | Enterarse

Lo que nos revela el debate sobre las AFPs - por Daniel Córdova

2020/04/13 07:00

Por: Daniel Córdova

Columnista

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Un tema en principio no prioritario de cara a la emergencia sanitaria y económica ha enfrentado al establishment financiero con los flamantes Congresistas de la República ¿Qué hay detrás de esta oposición tan marcada entre ambos grupos que parece que viviesen en países diferentes? ¿Es una simple contradicción entre la sensatez técnica y el populismo político? ¿O es una revelación de la miopía social y falta de visión de desarrollo del establishment financiero que ha venido gerenciando nuestra economía? En este artículo, muy personal, hago un análisis crítico de esta realidad, y concluyo con algunos aportes para que el retiro no tenga un efecto económico negativo y se empiece a trabajar en una reforma integral del sistema de pensiones en el Perú.

En medio de la pandemia, una abrumadora mayoría del flamante Congreso de la República propuso que se permita a los cotizantes a las AFPs retirar de su propio fondo hasta el 25% del saldo en cuenta. Pasados unos días, la Ley, enviada al Ejecutivo para su aprobación, estableció límites de retiro por tramo, de manera tal que el potencial efecto sería inferior al 25%. Pero el golpe está hecho. Se viene un retiro de fondos considerable, aunque probablemente pausado. Y, sin duda, una reforma profunda del sistema de pensiones privado, pero también del público.

El hecho de que en estas circunstancias el Congreso haya priorizado este tema y que la reacción del establishment financiero haya sido tan unánime y estridente, es sin duda revelador. Lo que revela este debate, leído con la cabeza fría, es la grieta que separa a este establishment del menos articulado pero, esta vez, casi unánime grupo de políticos. Revela también la fuerza de la alianza que conforma este establishment —tecnocracia, gerentes de corporaciones, consultores, columnistas— y la escasa empatía que muestra frente a la frustración de la mayoría de la población de cara a los pésimos servicios sociales que provee un Estado solvente financieramente. Población representada por los políticos de turno en el poder, los Congresistas recientemente elegidos, de acuerdo al sistema democrático que se supone debemos defender. Revela, por último, el agotamiento de un modelo de economía política que hace por lo menos diez años dejó de reducir la pobreza a pasos acelerados, dejó de mejorar la calidad de los servicios públicos y dejó de impulsar la inversión privada. En suma dejó de ser funcional al bienestar de los peruanos.

La grieta

Tengo el privilegio (a veces pienso que el infortunio) de tener un pie en cada lado.

Alguna vez pertenecí al establishment financiero. Es más, hubo un momento en el que fungí como uno de los líderes de su “división juvenil”. Cuando era CFO de una minera, hace ya 20 años, fui el presidente fundador de la Asociación de Empresas Promotoras del Mercado de Capitales (Procapitales), junto con quienes entonces éramos jóvenes gerentes financieros de corporaciones en busca de fondos de AFPs, gerentes de inversiones de AFPs, abogados de AFPs, aspirantes a gestores de fondos financiados por AFPs, agentes de Bolsa de Valores, etc. Porque, en ese momento, el desarrollo del mercado de capitales consistía en esencia en lograr que en el Perú existan más empresas que incursionen al mercado de capitales y se financien emitiendo acciones o bonos para absorber la acelerada acumulación de liquidez en manos de las AFPs.

No obstante, después de un largo camino entre la academia y la consultoría en economía política (y algo de comunicación), me fui del otro lado (no ideológico, sino sociológico). Tuve incursiones poco afortunadas en política —la más reciente como candidato al Congreso por APP, partido que respaldó el retiro del 25%— con la convicción de que es necesario tender puentes entre la economía y la política, pero también convencido de la necesidad de cambiar gran parte de este modelo económico. Observaba con perplejidad cómo, por un lado, la mayoría de empresarios se quejaban de los políticos sin hacer nada o haciendo poco al respecto (los escándalos relacionados con el caso Lava Jato favorecieron este alejamiento), mientras iban siendo elegidas autoridades que, en su mayoría, se oponían al desarrollo capitalista que, como bien sabemos —y por eso creo en él— es el más eficiente de los sistemas si combina el desarrollo empresarial privado con políticas y gestión públicas responsables y eficientes para promover la igualdad de oportunidades.

Confieso que mi primera reacción frente a la propuesta de los congresistas de permitir el retiro del 25% de los fondos de las AFPs fue de espanto. Se van a tirar abajo el sistema, me dije. No entienden que no es momento de tocar los ahorros para la vejez, justo ahora que los mercados están colpsados, pensé. Quienes se van a perjudicar son los futuros jubilados ignorantes (sic) que por tener un dinero en mano hoy van a malbaratear su fondo y tendrán una menor pensión en el futuro, comenté con mis amigos por WhatsApp. Las AFPs van a tener que vender acciones para solventar los retiros o, peor aún, vender bonos del Estado peruano, y la clasificación de riesgo-país empeorará, seguí pensando. Y en los días siguientes leí en los medios a colegas, gerentes de AFPs, analistas vinculados o no a ellas, repetir una y otra vez básicamente estos argumentos.

Inducido por el tecnócrata que llevo en mí, intenté convencer por redes internas a los Congresistas de mi Partido de retroceder en este intento. Debo decir que fui ignorado y que me costó entenderlo. Pero conforme fueron pasando los días, a medida que se pusieron sobre la mesa argumentos menos matemáticos y más sociales o políticos, empecé a entender. Al final de cuentas: ¿no son los ahorristas dueños de sus fondos? ¿No son la propiedad privada y la libertad individual los pilares del capitalismo liberal? ¿No están los ciudadanos prohibidos por Ley de hacer con sus ahorros previsionales lo que les venga en gana? ¿No es función del Congreso legislar? ¿No ha sido este Congreso el resultado de una elección democrática? ¿No son altas las comisiones de las AFPs —al margen de las reducciones de los últimos años— respecto, por ejemplo, a las de los Fondos Mutuos? ¿No había yo renegado cuando, en dificultades financieras para pagar la planilla mi pequeña empresa, recibí por primera vez la amenaza de una cobranza coactiva sobre el aporte de mi propio sueldo de parte de una AFP? ¿No es mercantilista un negocio que basa su demanda en la compulsión legal de dicha demanda? ¿No cobran las AFPs por adelantado por administrar fondos que a veces destinan a cuentas bancarias o a fondos de fondos gestionados por otros gestores que cobran una segunda comisión?

Cuando intenté razonar de esta forma “tecnocráticamente incorrecta”, la reacción de mis amigos del establishment fue furibunda: “le estás haciendo el juego a estos políticos irresponsables que no les importa el país, solo sus intereses personales”, me dijeron.

La mayoría de ellos, debo decirlo, cree eso de verdad eso. Que el sistema funciona bien y que los Congresistas son unos inmorales populistas, mientras que el establishment financiero está lleno de profesionales solventes técnicamente, responsables y honestos. Cierto es que ayuda a creer en eso que hayan ganado dinero interactuando con el sistema, pero algunos, como algún amigo agroexportador a quien admiro mucho por lo que ha logrado –la gran agroindustria peruana es una excepción de crecimiento con gran impacto social de los últimos diez años— cree al margen de sus propios intereses financieros. Están convencidos moral e intelectualmente. Por ello muchos profesionales honestamente preocupados por el país firmaron uno de los manifiestos más plurales y masivos dentro de la élite corporativa que haya yo visto. Un manifiesto en contra de la iniciativa de los Congresistas. Una defensa cerrada del sistema privado de pensiones, aunque reconociendo la necesidad de reformarlo de manera integral.

El circuito financiero del establishment financiero

El circuito financiero del que forman parte las AFPs está en el corazón del modelo económico que excluye a dos tercios de la Población Económicamente Activa (PEA), la PEA informal, que no cotiza a las AFPs (ni a la ONP, ni a Essalud). En el caso de las AFPs están registrados en el sistema poco más de 6 millones de personas, de las cuales están activas menos de 3 millones, es decir menos del 20% de ciudadanos en condiciones de producir.

El circuito funciona así, grosso modo. Los empleados reciben su sueldo cercenado de manera obligatoria por aportes a Essalud y AFPs, además del impuesto a la renta. La AFP se cobra por anticipado su comisión (es decir le pagamos por anticipado por la administración durante décadas venideras hasta que nos jubilemos), descontándola del aporte de cada uno a su fondo individual. Esa comisión es el ingreso de la AFP (ha habido cambios últimamente que obviamos para simplificar la exposición). Los costos de las AFP son básicamente los sueldos de sus funcionarios y empleados y otros gastos administrativos. Descontando esos costos, las AFP obtienen su utilidad. Y de la utilidad se distribuyen los dividendos para sus accionistas. Nótese que el cobro anticipado por administrar un fondo de retiro durante las décadas futuras es, por definición, un ingreso anticipado que se contabiliza como ingresos corrientes, por lo que las AFPs han venido generando utilidades anticipadas.

Como la idea es que el fondo individual, una vez descontada la comisión, rinda lo máximo posible, las AFPs invierten esos Fondos en el mercado de capitales. Es decir, en lugar de depositarlo en el banco (opción que no justificaría una comisión), las AFPs contratan profesionales altamente especializados para estudiar las distintas opciones de inversión en acciones y bonos (dejemos de lado la liquidez que se conserva en bancos y la existencia de diversos tipos de fondo) en el Perú y en el extranjero. Todo regulado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.

El rendimiento de los Fondos entonces debiera ser más alto que la alternativa de depositarlo a plazo fijo en un banco (ojo el rendimiento debe calcularse tomando como base el aporte descontando las comisiones). Pero, teóricamente, hay situaciones en las cuales podemos caer bajo esa línea —por ejemplo, en situaciones de depresión económica como la actual— de manera tal que si nos toca jubilarnos en años de depresión económica, las AFPs pueden ser un mal negocio respecto de los depósitos bancarios. En todo caso, son una alternativa más arriesgada.

Para quienes sí ha sido un gran negocio las AFPs, ha sido para las poco numerosas corporaciones peruanas y los gestores de fondos que han recibido dichas inversiones. Porque las AFPs invierten de manera relativamente pasiva. Es decir, pueden adquirir porciones importantes de acciones de empresas familiares grandes —de hecho, la mayoría de grupos económicos peruanos conocidos tienen a las AFPs de accionistas de sus empresas que cotizan en Bolsa— y no intervienen en la gestión de las empresas. Ello a pesar de que, casi obligadas, han puesto directores en empresas para representar los intereses de los afiliados a las AFPs. Directores que, valgan verdades, nunca he visto cuestionar públicamente algún conflicto de interés de los accionistas familiares respecto de los accionistas minoritarios. En realidad, por lo general, funcionan como aliados de accionistas familiares y gerentes corporativos. Son parte de establishment.

Las AFPs han significado entonces capital fresco y barato para los accionistas de un puñado pequeño de grandes empresas. Mientras ese capital ha sido destinado a nuevas inversiones financiadas por emisiones primarias de acciones, el círculo ha cerrado en positivo: más rentabilidad para los fondos gestionados por las AFPs, más crecimiento económico, más utilidades para las empresas, todos felices. Han sido positivas para el desarrollo nacional. El problema se ha empezado a generar cuando por diversos motivos las AFPs no han encontrado dónde invertir y han tenido que invertir en el extranjero en fondos de países desarrollados que rinden menos, o comprarle bonos al Estado peruano, dejando poco para financiar el crecimiento económico privado.

Otra parte de las inversiones de las AFPs se han dado en recompra de acciones en el mercado secundario de la Bolsa de Valores. Así, los inversionistas bursátiles independientes han aprovechado el exceso de liquidez de las AFPs en el tiempo para ir haciendo beneficios. Y algunos empresarios en retiro o herederos de estos, han ido desprendiéndose de sus acciones, vendiéndoselas a las AFPs. Nada incorrecto en ese proceso. El problema empieza a surgir cuando la mayor parte del circuito gira “en trompo” en el mercado secundario y en la práctica desaparece el financiamiento de nuevas inversiones en minería, industria, gran agricultura o infraestructura, que son las inversiones que generan valor para la sociedad, bienestar para el ciudadano. Esto sucede por ausencia de proyectos, de empresas en expansión o nuevas inversiones de envergadura, fenómeno propio de una estructura socio-política intimidada por el rechazo al capitalismo, sea bajo la forma de oposición a la inversión minera, de rechazo a las Asociaciones Público-Privadas o de oposición a la privatización de empresas como Sedapal y Petroperú.

El círculo económico del establishment se convirtió entonces en mayoritariamente rentista en los últimos diez años. Las corporaciones crecen orgánicamente y se financian en parte con bonos que compran las AFPs. Pero, por diversos motivos (falta de manejo político e incapacidad de gestión de los sucesivos gobiernos, principalmente), ya no se hacen grandes inversiones y sus gerentes corporativos, profesionales que son la parte visible del establishment, se acomodan a la situación. Surge así una nueva casta: la de la burocracia corporativa que no arriesga su puesto en nuevas aventuras de riesgo, sino que prefiere la comodidad del business as usual. Lo mismo el resto del grupo: abogados, consultores, académicos, etc. Pero también, profesionales que forman parte de un sector del Poder Ejecutivo liderado por el Ministerio de Economía (MEF). Ellos también forman parte y son funcionales al establishment financiero.

El Estado y el circuito financiero del establishment

El pilar del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza de los últimos 30 años —incluidas las dos décadas en las que se redujo de manera sostenible la pobreza— ha sido la estabilidad macroeconómica, la cual a su vez se basa en la estabilidad fiscal —que es responsabilidad del MEF— y en la estabilidad monetaria —función del BCR.

El problema con el MEF, desde mi punto de vista, es que se ha manejado priorizando la gestión financiera sobre el bienestar de la gente. Es decir, no ha sido un Ministerio de Economía. Ha sido un Ministerio de Finanzas. Los sucesivos ministros en la práctica han sido indiferentes a la parálisis de la inversión pública y privada y por ende a la calidad de la infraestructura y de los servicios públicos. “La ejecución de la inversión no es responsabilidad del MEF”, me dijo alguna vez un ex ministro. “Es responsabilidad de los sectores, de los gobiernos regionales, de los municipios”. Yo tampoco seré responsable si una de mis hijas mayores de edad empieza a darle por las drogas. Pero les aseguro que me sentiré responsable y haré todo lo posible por que las deje y tenga una buena vida.

Veamos si no la inversión en equipamiento médico. De acuerdo a una estadística que leémos en The Economist , la disponibilidad de camas de UCI y de ventiladores por 100,000 habitantes en el Perú es de lejos la menor en comparación con Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y México, en ese orden. Es decir, últimos en dicha tabla que muestra la distancia regional respecto a los Estados Unidos. Ahora bien, si hacemos un comparativo de deuda / PBI de los mismos países, el Perú saldría encabezando la lista como el país menos endeudado.

Se confunde entonces el fin con los medios. El objetivo del MEF es, equivocadamente, un medio no un fin: mantener las cuentas equilibradas y mejorar el perfil financiero del Estado. La austeridad de la que resulta la reducción de la deuda pública es considerada un éxito. Así, la razón de ser de las políticas públicas, generar servicios básicos e infraestructura de calidad para el bienestar de los ciudadanos, pasa a un segundo plano, se deja a los demás ministerios o se deja a instituciones semi paralizadas como Proinversión.

Ni qué decir de la inversión privada: se permite a los ministerios crecer en burocracia (al final los presidentes son los jefes de los ministros de Economía y deben pagar favores llenando de gente al Estado) y ponerle trabas al empresario, del cual el funcionario del MEF desconfía profundamente, cree que está siempre a la búsqueda de sacarle la vuelta a las normas. Pero cuando un gobernador o un alcalde anti-minero viola la ley y se opone a un proyecto que ha pasado todos los permisos ambientales, miran silbando al techo y se encogen de hombros: ese es un tema político, no es responsabilidad del MEF. En este contexto de desgobierno económico y político, lo único derecho son las finanzas gubernamentales. Ello a pesar del exceso de burocracia, de la mala asignación de recursos cuando se gastan y de la corrupción.

Subrayemos que no queremos dejar de reconocer que la mayoría de funcionarios del MEF trabaja duro para que las cuentas cuadren, están convencidos de que es su función por el bien del país y detestan la corrupción. Tampoco queremos dejar de reconocer que el MEF pelea día a día con los sectores, el Congreso, lo gobernadores y los alcaldes que viven desbocados en querer gastar y algunos en querer robar. Probablemente esta lucha del día a día les quite energías para ver cómo sacar adelante la inversión.

Mi divergencia con la lógica del MEF es conceptual, teórica si se quiere. Pongo como ejemplo al ministro de Economía que toda su vida ha trabajado como analista económico y expone en Consejo de Ministros que “inevitablemente” el crecimiento del año será 3%. Al preguntársele qué hará para que ese crecimiento no sea 3%, sino 6%, responde que eso es lo que arroja su modelo econométrico, que no sería serio manipular las estadísticas (este es un caso real). Y cuando se solicita la necesidad de acelerar permisos para impulsar una inversión 100% en un puerto, rechaza de plano el pedido por considerarlo un lobby indebido. Mi punto es que la macroeconomía tiene sus límites y que no hay un ministerio que se encargue de impulsar microeconómicamente la inversión privada, pública y público-privada.

¿Qué tiene que ver esto con las AFPs? La conexión de la lógica del MEF con el circuito del establishment financiero se da a través de su poder normativo y ejecutivo, así como por medio de su capacidad para emitir deuda pública. Por un lado, dicta las reglas de juego, entre las que se encuentran todas aquellas relacionadas con el mercado financiero y de capitales, así como diversas regulaciones, disposiciones tributarias, etc. Por otro lado, cobra los impuestos, origina el presupuesto público, lo gestiona y… emite bonos soberanos.

La combinación de baja calidad de los servicios públicos y ausencia de inversión pública contundente y de calidad, con finanzas públicas impecables, es la imagen de la contradicción entre el bienestar de la población y los objetivos del MEF. Uno de los aspectos más claros de esta contradicción, ha sido la búsqueda permanente de la reducción del riesgo-país como si se tratara de un objetivo económico, cuando es solo un objetivo financiero. En efecto, el Estado peruano, por ejemplo, se ha ido desendeudando a lo largo del tiempo hasta convertirse en uno de los menos endeudados de la región: durante los últimos años (dejemos de lado cambios pequeños año a año), el ratio deuda / PBI se ha convertido en el más bajo de América Latina. Esto suena muy bien y, de hecho, ha motivado que muchos años la revista Latin Finance premiara al ministro peruano de turno como el mejor. El de las cuentas financieras ordenadas que logra que se reduzcan las tasas de interés a las que el Estado peruano se puede financiar en el mercado internacional. Pero ¿qué gana con esto el poblador de los cerros de San Juan de Lurigancho que no tiene agua potable y debe hacer faenas los domingos para azfaltar sus pistas?

Este sobreahorro estatal tiene entonces dos contradicciones con el bienestar y el desarrollo: a) ha sido financiado por impuestos soportados por empresas y ciudadanos basados en el Perú, es decir se han cobrado más impuestos de lo necesario para que las cuentas estén en azul y b) los fondos no se han invertido como es debido en infraestructura y mejores servicios públicos; han ido a incrementar la burocracia, que traba la inversión, a elefantes blancos como la refinería de Talara, a cubrir el déficit de las ineficientes empresas estatales de agua, a proyectos sobrevalorados por la corrupción y un largo etcétera. Mucho de esto, insisto en atenuar mi crítica, a pesar del MEF y por presiones políticas sobre el presidente de turno.

Este círculo se cierra cuando constatamos que los financieros del MEF prefieren acudir a estos mercados que a la banca multilateral o de desarrollo en general, que muchas veces, a pesar de solicitar tipos de interés más altos, ofrecen condiciones ventajosas desde el punto de vista de la gestión del desarrollo. Para no ir muy lejos, antes de que nos atacara el Coronavirus, el MEF recahazaba a la banca multilateral que buscaba prestarle dinero al Estado peruano, porque, según los burócratas financieros “no necesitaban la plata”. Sin duda no la necesitaban para cuadrar las cuentas. Pero sí para hacer una nueva carretera central, por ejemplo, o para invertir en hospitales.

Algo peor ha sucedido con COFIDE. Desde hace muchos años vengo sosteniendo que COFIDE debe convertirse en un autético banco de desarrollo, como lo es CORFO de Chile. Nunca he logrado convencer a los sucesivos presidentes que he visitado uno a uno. Peor aún. Eventualmente, esta institución ha financiado azucareras que no le pagaron, constructora brasileñas para obras en las que hubo corrupción —no tenían por qué saberlo, pero no era su función— o al Agrobanco que fue un modelo fallido. Y por el lado pasivo, este es el punto principal para este artículo, se volvieron locos cuando descubrieron que podían emitir bonos en los mercados internacionales. Alguna vez, un ex funcionario de COFIDE me contó fastidiado que sus antecesores habían preferido emitir bonos en los mercados internacionales —algo muy sexy cuando implica viajes, hoteles de 5 estrellas y agasajos de banqueros de inversión— a tipos de interés más altos de los que ofrecía la banca multilateral o de desarrollo europea. Banca que les ofrecía lineas de crédito que no utilizaban, como el MEF (en realidad COFIDE responde al MEF).

No debe sorprendernos entonces que el Estado peruano sí se haya endeudado con las AFPs, aprovechando la caída en las tasas de interés, gracias a la excelente gestión de los ministros de Finanzas que han logrado reducir año a año el riesgo país. Esto, como ya está deduciendo el lector, a costa del rendimiento para el afiliado a la AFP obligado a poner su dinero para su jubilación en ellas. De acuerdo a la SBS, el 21% del portafolio de inversión de las AFPs está invertido en bonos del Estado peruano (36.7 miles de millones de soles contra 172.6).

Una reacción desproporcionada

El rechazo popular y político a las AFPs en Perú no se origina en un análisis como el que hemos hecho, que al final de cuentas es demasiado técnico para el ciudadano de a pie. El rechazo proviene de la percepción de que unos pocos gestores “se la están llevando fácil”, por una ley que nos obliga a poner nuestros ahorros para la jubilación en sus manos. La defensa de las AFPs por el establishment no toma en cuenta tampoco el análisis realizado. Se han quedado en la comparación del sistema de AFPs con los otros dos (ONP y Pension 65) —sin duda este economista considera que el sistema de AFPs es superior para el futuro jubilado— y en los años en que estas financiaban el crecimiento económico, amén de un paternalismo muy poco liberal, en la medida en que indirectamente no reconoce el derecho de propiedad del los afiliados.

Lo sucedido en las semanas en las que se debatió públicamente la Ley que buscaba permitir retiros de hasta el 25% de los fondos acumulados en las AFPs, ahondó dicha contradicción. En efecto, por un lado, se observaba a la CONFIEP y el MEF “defendiendo a las AFPs”. Por otro lado, parte del establishment hizo público un comunicado que anunciaba la inminencia de una hecatombe económica por efecto del retiro de fondos. Ningún político lo firmó, suponemos que tampoco fue convocado para no “contaminarlo”.

El comunicado de un numeroso grupo de profesionales —conozco personalmente a más de la mitad y los respeto a todos profesionalmente lo que no me impide disentir— retomaba los argumentos expuestos líneas arriba como primera reacción de “mi yo tecnócrata”. Nada raro en ello, salvo lo diverso y nutrido del grupo. Había incluso algunos cercanos a la izquierda, profesionales que querían dejar bien sentada su calidad de técnicos responsables, algunos probablemente sin conocer mucho del tema.

Pero la mayoría eran miembros del establishment. Lo que sí me quedó claro en esos días, es que las AFPs, la CONFIEP y el MEF actuaron en concierto como nunca (ojalá se organicen así para defender a las Pymes que van a quebrar o para que se privatice SEDAPAL para que los limeños tengan agua). Por mi cercanía a APP recibí varias llamadas, incluidas algunas de reproche por no salir a defender al sistema contra la decisión de la bancada de la que no pude formar parte por decisión popular. Algunos amigos cercanos se preocuparon con sinceridad y me recomendaron salir a darle la contra al Congreso, bajo riesgo de “desperfilarme”. Pero, me negué a hacerlo. Primero por lealtad política. Luego, porque me puse a ver los detalles y concluí que en estas circunstancias el retiro no se traducirá en una hecatombe económica.

Días después, en plena curva ascendente de los contagios del coronavirus y cuando ya se anunciaba una depresión económica nunca antes vivida en tan corto tiempo, una AFP decidió distribuir entre sus accionistas cerca de 150 millones de soles de dividendos –decisión que tuvo que ser revertida después de un merecido cargamontón político. A los pocos días, la CONFIEP solicitaba que se permitan despidos masivos de trabajadores y recortes salariales, descontextualizando la necesidad del rescate empresarial y mostrando una vez más un manejo político poco atinado. Entre tanto, el MEF seguía poniéndole trabas al rescate financiero de las Pymes que se diseñaba en estrecha coordinación con los bancos privados.

La reacción contra la Ley del retiro del 25% fue entonces desproporcionada. Había muchas otras cosas que atender. Por ello en esos días me aboqué a trabajar dos temas: la emergencia alimentaria y la emergencia sanitaria. Y, finalmente, me puse a esbozar los pilares de lo que podría hacerse para que el retiro no tenga el efecto devastador que nos hicieron creer y para lograr una reforma integral del sistema de pensiones.

Un retiro ordenado

Considerando que el Congreso ha acotado la opción de retiro del 25% del Fondo y que el Ejecutivo podrá eventualmente observar y dilatar el proceso, lo más probable es que menos del 20% del Fondo será retirado en el transcurso de este año 2020. Cifra mágica porque, como sabemos, poco más de 21% del total de Fondos está invertido en Bonos de deuda pública peruana. ¿Qué quiere decir eso? Que si logramos que el MEF abandone su objetivo financiero (¿el sentido común debería ya abrirse paso no?) con el apoyo del Banco Central, el Estado debería recomprar la deuda a las AFPs a la par (es decir sin afectar el valor de los portafolios). Con la recolocación de estos papeles, el Estado podría financiar el paquete de rescate financiero ya anunciado o, mejor aún, colocarlos en la ONP para “nutrir” la reforma que viene.

En ambos casos, la deuda pública se mantendría a los mismos niveles de los iniciales. Es decir, si utiliza esos bonos en garantizar el rescate financiero de las Pymes, ¡el gobierno peruano sería el primero en no incrementar sustancialmente su deuda para el rescate financiero por el parón del Coronavirus! ¿No es extraordinario? Una segunda opción, más lógica, sería colocar esos bonos en el portafolio de la ONP condicionado a que se apruebe una reforma. Una tercera, sería utilizar dicha recolocación de deuda en el rescate de las Pymes incrementando el paquete de 30,000 a, digamos, 50,000 millones de soles. Y el Perú quedaría con una deuda pública inferior al 40% del PBI, algo más que razonable en términos comparativos.

El principal problema que derivaría de esta solución sería, sin duda, el desbalance de los portafolios de ahorros previsionales en manos de las AFPs. En efecto, como sabemos, en la actualidad existen tres tipos de fondos: a. El conservador que concentra el 90% del fondo en renta fija (por ejemplo, bonos del Estado), el balanceado que concentra el 55% de las inversiones en renta fija y el 45% en renta variable (acciones) y el de crecimiento que divide el fondo entre 20% de renta fija y 80% de renta variable. Así, si se retira el 20% de los fondos todo en renta fija, el balance quedaría para los tres casos cargado a la renta variable. Serían fondos de carácter más arriesgado. Esto sería injusto para los que decidan no retirar sus fondos, lo que nos lleva a plantear una solución.

Lo primero que debería hacer la SBS en coordinación con las AFPs, en ese caso, debería ser generar un subfondo “B” por cada fondo existente: conservador B, balanceado B y de crecimiento B. Segundo, se debería comunicar a quienes retiren su fondo que al hacerlo estarían afectando su exposición al riesgo, o sea que retirarían fondos seguros a su cuenta y riesgo, haciéndoles firmar un documento que probablemente inhibiría a muchos. Es decir que pasarían al “subfondo B” de su “categoría” (sabemos que a nadie le gusta estar “en la categoría B” de nada, de manera tal que es probable que solo los bien informados y los que necesitan la plata para comer retiren sus fondos). Y el efecto recompra de deuda podría atenuarse. Lo que también debe quedar claro es que los cotizantes que retiren sus fondos deben ser parcial y proporcionalmente reembolsados por las comisiones pagadas por anticipado.

Considerando estos números (no retiros mayores), aquellos que decidan no retirar sus fondos quedarían en una situación idéntica a la previa a la crisis del Covid-19, es decir, con sus portafolios igual de balanceados entre acciones y títulos de renta fija.

¿Y qué pasaría con el dinero retirado por la gente que así lo decida? Se gastaría en productos de primera necesidad o se quedaría en el banco. Es decir, sería liquidez fresca ingresando al sistema. Algo sin duda necesario en esta coyuntura de depresión económica. No veo por dónde sería una hecatombe económica.

Algunas ideas para la (s) reforma (s)

Lo que hay que reformar en el Perú no es solo el sistema previsional. Lo que debe cambiar es toda la lógica económica hoy en día dominada por el circuito financiero. La reforma de pensiones tiene que ser parte de un paquete cuyo objetivo debe ser la mejora de la calidad de la inversión y el gasto público, sobre la base de una colaboración público-privada estrecha y transparente.

Para empezar, el Ministerio de Economía debería partirse en dos: Un Ministerio de Finanzas (el actual) y un Ministerio de Economía o de Desarrollo Económico, que se dedique básicamente a impulsar la inversión privada, la inversión público-privada en infraestructura y la inversión pública a lo largo y ancho del país, además de monitorear los proyectos y programas asistenciales del Estado. Por el momento, veamos cómo engarzaría una reforma del sistema de pensiones público y privado en dicha lógica económica basada en el objetivo final de toda política pública: el bienestar de la población.

Si vamos a la realidad, separemos a la población en tres partes: a) Los que cotizan a la AFP y ONP que deberían fusionarse en un solo sistema de capitalización individual reformado b) Los trabajadores informales que podrían integrarse parcialmente mediante una cotización indirecta c) Los que no tengan opción a recibir pensión 65.

La mayor ventaja del sistema de AFPs es la capitalización individual. De ahí que propongamos que con una inyección de liquidez para generar un bono de reconocimiento a los aportantes a la ONP, estos pasen a un sistema de capitalización individual. Así cada ahorrista previsional sabrá cuánto tiene en la cuenta de su propiedad, no como ahora que no tiene idea. Así se eliminaría también esa situación perversa de cotizantes recientes algo mayores que nunca podrán cobrar una pensión debido a la normativa que pone un plazo mínimo de 20 años de cotizaciones para tener derecho a una pensión de la ONP.

La ONP se convertiría así en una AFP estatal que solo invertiría en activos sin riesgo y, por ende, estarían en capacidad de cobrar una comisión muy reducida para cubrir sus pequeños costos operativos. Parte de estos fondos podría depositarse a un Certificado Bancario de Retiro (CBR), un producto financiero que haría participar a las Cajas y Bancos de la gestión parcial de esta liquidez.

Las AFPs podrían mantener su actual estructura de fondos, pero tendrían que generalizar el cobro de comisiones no adelantado, como se viene haciendo con los fondos mutuos. Es decir, no me descuentas 1.5 puntos de los 11.5 aportados, sino un porcentaje no mayor al 2% sobre el total del fondo acumulado. Para que las AFPs no pierdan competitividad, se podría darles exclusividad en la gestión de fondos mutuos voluntarios. Es decir, los bancos (que ahora participarían del sistema con los CBR) no deberían ya estar permitidos de dar ese servicio, quedando a exclusividad de la AFP, que pasarían a llamarse AFMP (Adminstradoras de Fondos Mutuos y de Pensiones).

En cuanto a los informales, la idea que circulaba hace unos meses de hacer que dos puntos del IGV sobre compras (y boleta o factura electrónica) pasen a ser parte del fondo de retiro del comprador, podría ser una herramienta general para nutrir los fondos individuales y para formalizar (otros dos puntos deberían ir al fondo de salud). La realidad tributaria peruana es distinta a la de los países desarrollados por la debilidad institucional del Estado para formalizar. Le preeminencia de los impuestos indirectos sobre los directos es parte de dicha realidad. Pongamos entonces las cotizaciones “laborales” en los impuestos indirectos. Sería una revolución de formalización por el lado laboral y porque todos los ciudadanos nos pondríamos a pedir facturas o boletas electrónicas para enriquecer nuestro fondo.

Por último están los más vulnerables, aquellos para los cuales hay que fijar una pensión mínima. Actualmente poco más de medio millón de ancianos pobres reciben 250 soles bimestrales. Este monto debería incrementarse a medio sueldo mínimo mensual.

Finalicemos fusionando a los tres grupos “de abajo hacia arriba”.

1. Todos deben tener acceso a la pensión mínima de medio sueldo mínimo a partir de los 65 años en caso dejemos de trabajar. En el caso de afiliados a la ONP o a la AFP que no lleguen a esa pensión, el Estado les cubrirá el diferencial.
2. Todos “nutrirán” su fondo con el registro del 2% del IGV de las compras que hagan. Es decir, los informales y los formales.
3. Para los formales podría pensarse en una reducción del descuento en planilla equivalente al 2% de las facturas canceladas bajo su DNI.

Los detalles se pueden trabajar. Pero esa es la dirección que se debería seguir.

Por: Daniel Córdova

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