Por qué no me opongo al retiro de fondos de la ONP - por Daniel Córdova | Enterarse

Por qué no me opongo al retiro de fondos de la ONP - por Daniel Córdova

2020/08/25 09:00

Por: Daniel Córdova

Columnista

Foto: Reuters

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El consenso sobre la necesidad de mantener equilibradas las cuentas fiscales nos ha llevado a considerar normal que el Estado le robe legalmente a sus ciudadanos. El Poder Ejecutivo debe proponer condicionar el retiro propuesto por el Congreso a una reforma que generalice el sistema de capitalización individual, otorgándole un bono de reconocimiento mayor a aquellos que decidan no retirar.

En el marco la severa crisis económica en la que nos hemos sumergido por efecto de la pandemia y la deficiente gestión del Poder Ejecutivo, el Congreso viene tomando iniciativas muchas veces populistas y con escaso sustento técnico. Los casos más frecuentes tienen que ver con intervenciones indebidas en los mercados, pretendiendo “castigar” la especulación, controlar precios o hasta eliminar tarifas (caso de los peajes). En este montón de iniciativas “antitécnicas” e “irresponsables”, la mayoría de analistas ha incluido la propuesta de permitir el retiro parcial de los fondos de las pensiones administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). No estoy de acuerdo. Creo que esta medida es mucho más sensata que, por ejemplo, invertir en una refinería que no sirve para nada o gastar, sin que nos demos mucha cuenta, en el crecimiento sostenido de una burocracia que renta del Estado trabando el desarrollo.

Permitir el retiro parcial de dichos fondos —bajo una formula que esté asociada a lo que cada uno aportó, información que debe estar disponible en la ONP— podrá generarle un problema de caja al fisco, pero no por ello debe confundirse con una intervención inadecuada del Estado. Por el contrario, de lo que se trata es de exigirle al Estado devolver parte de lo que tomó en su momento de los afiliados a la ONP.

Lo que se está discutiendo es que los ciudadanos a los que se les descontó parte de su sueldo de manera compulsiva puedan realizar un retiro parcial, en el marco de la más fuerte recesión de nuestra historia y del mundo, en este contexto inimaginable años atrás (el Perú ha liderado la recesión en el segundo trimestre de 2020 con una caída del PBI del 30.2%, habiendo ingresado a la pandemia como el cuarto Estado más solvente del mundo y los más afectados son los más pobres1).

Lo que la ONP tiene con sus “afiliados” es una deuda que debe reembolsarse. In extremis, deberían poder retirar el 100% que le descontaron a valor real, con la condición de que el ciudadano que retire su fondo ya no tenga derecho a un fondo de pensión cuando se jubile. El derecho a disponer de su fondo debe ir de la mano con una responsabilidad: encargarse él mismo de prever de qué vivir cuando no esté en capacidad de trabajar. Lo mismo aplica para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Si defendemos la libertad individual y el derecho de propiedad, no hay lugar a que me descuenten dinero de mi sueldo obligatoriamente para ningún fin. Los servicios públicos se supone que se pagan con los impuestos que pago. De lo mío, me ocupo yo.

Desde un punto de vista liberal, lo óptimo es que el ahorro previsional no sea obligatorio, que cada uno asuma la responsabilidad de ahorrar como mejor le parezca para su jubilación. El ahorro compulsivo es paternalista, supone que el Estado o el gestor privado (AFP) sabe mejor que el ciudadano cómo gestionar su dinero en el largo plazo.

Ahora bien, si aceptamos la evidencia que nos dice que esto último es cierto, es decir, que el ciudadano promedio tiende a gastarse su dinero sin ahorrar para su jubilación —hay cientos de estudios sobre el particular—, podemos ceder ante la tentación paternalista como “especialistas en políticas públicas” y exigir una reforma integral como condición para autorizar el retiro.

En ese caso, si aceptamos como parte del pacto social una ley que nos obligue a ahorrar para nuestra jubilación, descontándonos parte de nuestro sueldo una suma todos los meses, el sistema de capitalización individual de las AFPs es inmensamente superior al sistema de reparto de la ONP. En el sistema de capitalización individual, el cotizante sabe cuánto tiene en su cuenta, cuánto aportó y cuánto ha ganado o perdido en el tiempo. Las AFPs además invierten estos fondos en el mercado de capitales, dinamizando la economía local, ya que proveen de dinero a empresas que invierten y generan empleo. En países con mercados de capitales débiles, como el Perú, esto fue importante en su momento, pero, lamentablemente, con el paso de los años devino en un sistema más rentista que capitalista (ver mi articulo de inicio de pandemia) debido a la paralización de las inversiones privadas en infraestructura y en minería.

El caso de los sistemas de reparto, como el de la ONP, es distinto. Ahí el dinero entra a una bolsa “ciega” y la futura pensión que recibiremos es incierta. Por ello, cuando periodistas con el ceño fruncido dicen que exigir la devolución de los fondos de la ONP es “antitécnico” solo cabe sonreír: lo antitécnico es permitirle al gobierno que me robe parte de mi sueldo sin tener yo cómo exigir que me lo devuelvan bajo forma de pensión futura o me lo reembolsen en el acto. El caso de los que aportan menos de 20 años antes de su jubilación y no tienen derecho a nada (la normativa actual exige un mínimo de 20 años de cotización a la ONP para tener derecho a una jubilación) es de ripley: ¿cómo puede ser “técnico” que personas que en el límite han cotizado durante 19 años a la ONP no tengan derecho a una pensión de la ONP?

El principal argumento de los macroeconomistas es que no hay dinero, que “esos fondos no existen”, como sostuvo la ministra de Economía, María Antonieta Alva. El problema es que esos fondos sí existieron. Cargamos todavía con el pasado, cuando lo aportado por los mayores se licuó con la hiperinflación —en particular la farra fiscal de los años 1980 con Alan García—, de manera tal que ahora lo que se cotiza sirve para pagar parte de la pensión a los nuevos jubilados y, aún con ello, no alcanza (porque el reparto actual es mayor a los aportes actuales). En todo caso, es inmoral argumentar así, como si nada, que esos fondos no están. Lo correcto es explicar por qué no están.

El consenso sobre la necesidad de mantener equilibradas las cuentas fiscales nos ha llevado a considerar normal que el Estado le robe legalmente a sus ciudadanos. La obsesión por reducir el endeudamiento público nos ha llevado a ser una “estrella macroeconómica” con un Estado con mucho dinero ahorrado que lo dilapida por un deterioro lento y franco de la capacidad de gestión del Poder Ejecutivo. No me cabe la menor duda de que el Estado peruano podrá atender los retiros de la ONP que el Congreso está solicitando. Creo que sería un mejor uso del dinero que seguir gastándolo en más burocracia inútil y corrupta, como ha venido sucediendo en los últimos años. Bajo esta misma lógica, el economista Roberto Abusada sostuvo hace unos días que mejor sería distribuir el dinero del canon minero entre los ciudadanos, en lugar de dárselos a ministerios, regiones y municipios que lo malgastan.

La propuesta de devolver los fondos de la ONP generará sin duda un problema fiscal. Como lo haría el pago de los bonos de la reforma agraria y una cantidad no despreciable de deudas que tiene el Estado peruano con sus ciudadanos y que no se pagan, simplemente porque a los gobernantes no se les da la gana (estas deudas son de largo plazo, pero también se vienen generando año a año con un sinnúmero de “perros muertos” que alcaldías, regiones y gobierno central —incluidas empresas estatales— generan cuando no le pagan a contratistas, incluso con laudos arbitrales en contra).

La paradoja de tener un Estado tan solvente financiaramente que dilapida los recursos públicos o que no está en capacidad de gastarlo, debería generar una demanda organizada para que empiece a devolver las deudas que tiene con un número no menor de ciudadanos, desde los bonos de la reforma agraria de Velasco hasta los bonos de reconstrucción de Belaunde. A ver si así el Ministerio de Economía empieza a ver cómo recortar gasto corriente para mantener las cuentas equilibradas, porque de eso poco se ha visto en los últimos años.

Para el caso de la ONP, que es el que nos ocupa, es fundamental poner ya en agenda la reforma integral. Es más, el Ejecutivo debe proponer condicionar el retiro a una reforma que generalice el sistema de capitalización individual vía bono de reconocimiento, como cuando se crearon las AFPs.

En efecto, si consideramos como necesaria la existencia de un sistema de pensiones basado en la cotización compulsiva, es menester generalizar el sistema de AFPs. Que la ONP se convierta en una AFP estatal, con una estrategia de inversión conservadora para que el costo de administración sea el más bajo posible. Para ello, el Estado tendría que “devolverle” el dinero a quienes cotizaron en la ONP a través de una cuenta individual que se convertirá en el fondo de ahorro de cada ciudadano que cotizó (bono de reconocimiento). Esto se haría sobre la base de nueva deuda pública o, mejor dicho, de un sinceramiento de la deuda pública. Con lo obtenido, el Estado depositaría a la ONP y esta dividiría las cuentas individuales en función al registro de los aportes.

Y para salir de esta coyuntura, se podría desincentivar los retiros voluntarios de este año reduciendo el bono de reconocimiento de quienes lo hagan en dos o tres veces.

La pelota está ahora en la cancha del Ejecutivo. Es la oportunidad para exigir una reforma integral.


1 Ver diversas encuestas de Ipsos realizadas sobre el impacto de la pandemia en la economía de los hogares.

Por: Daniel Córdova

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