En febrero del 2018, una encuesta realizada por Ipsos mostró que en el Perú el 87% de los ciudadanos estaba de acuerdo con que se aplique la pena de muerte para violadores de menores de edad que además causen la muerte de la víctima. Asimismo, el 68% consideró que esta pena reduciría los asesinatos. ¿Qué dicen los estudios sobre la efectividad de la pena de muerte? ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta medida? En Enterarse te lo contamos.
Resumen
- A pesar de que existe una percepción de efectividad de la pena de muerte para reducir el crimen, los estudios no han logrado probar que esto sea cierto.
- La postura a favor de esta condena se centra en tres argumentos.
- El primero sostiene que la pena de muerte logra disuadir la conducta delictiva.
- El segundo argumento plantea que esta pena implica un costo menor que otras condenas.
- El tercero es de corte moral y, por tanto, no puede ser evaluado con estudios empíricos. Este se basa en que la pena de muerte representa la retribución a la sociedad por el daño causado al cometer un delito. Así, se piensa que esta máxima condena debe aplicarse para los delitos más graves que impliquen muertes.
- Según un metaestudio encargado a un comité de expertos por el Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos, no existe evidencia suficiente para conocer cuál es el efecto de la pena de muerte sobre los homicidios.
- Un estudio de la Universidad de Seattle señala que, por los altos costos procesales necesarios para garantizar los derechos de los denunciados, la pena de muerte en el estado de Washington ha terminado costando más que la cadena perpetua.
- Quienes se oponen a la pena de muerte enfatizan el riesgo de condenar a inocentes y las deficiencias de los sistemas de justicia de algunos países.
¿En dónde es legal la pena de muerte?
Antes de revisar la evidencia a favor y en contra de la pena de muerte, conozcamos en qué países es legal esta sanción. Para diciembre del 2018, según el último informe de Amnistía Internacional, 100 países tenían leyes que contemplaban la pena de muerte y 106 la habían abolido. Del primer grupo, en 74 países se mantiene este tipo de condena para delitos comunes (como homicidios o tráfico de drogas), en 8 puede aplicarse para delitos cometidos en circunstancias especiales (traición a la patria en caso de guerra, por ejemplo) y en 28 no la han aplicado en los últimos 10 años.
¿Cuántos países han ejecutado sentencias de pena de muerte? Según Amnistía Internacional, entre 1999 y el 2018 el número de países que llevaron a cabo ejecuciones judiciales osciló entre 19 y 31.
¿Cuántas ejecuciones se realizan en el mundo? Como podemos ver en el gráfico de abajo, los resultados del informe mencionado muestran que en los últimos cinco años se ha registrado la mayor (2015) y la menor (2018) cantidad de ejecuciones a nivel global dentro del periodo 2009-2018.
Según Amnistía Internacional, la reducción del número de personas sometidas a la pena capital se debió a que las ejecuciones judiciales disminuyeron en los países donde anteriormente se llevó a cabo la mayor cantidad.
Un caso representativo del menor uso de esta pena es Irán. Después de una reforma de la legislación antidrogas, la aplicación de esta condena se redujo en un 50%. En este país se han producido ejecuciones masivas por delitos de drogas desde 1979. Sin embargo, en noviembre del 2017, se aumentó el umbral de la cantidad de droga necesaria para poder aplicar la pena de muerte por delitos relacionados a las drogas. Así, por ejemplo, si antes se podía aplicar la pena de muerte por la producción o tráfico de al menos 5 kg de opio, esta cantidad ha sido elevada a 50 kg. En consecuencia, menos personas fueron ejecutadas.
¿Qué métodos se usan para ejecutar a las personas en la pena de muerte?
En el 2018, Amnistía Internacional identificó cinco métodos de ejecución de las sentencias a pena de muerte: decapitación, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y uso de arma de fuego. Así, mientras que ese año en los Estados Unidos se recurrió a la electrocución y a la inyección letal, en China se usaron armas de fuego y la inyección letal. En el siguiente cuadro vemos qué métodos se utilizaron por país:
¿Cuáles son los argumentos a favor de la pena de muerte?
La posición a favor de esta condena se sostiene en tres funciones principales: preventiva, económica y punitiva.
El primer argumento, el preventivo, se basa en la teoría de la disuasión. Según esta perspectiva, la pena de muerte serviría para disuadir a los delincuentes de cometer delitos que tienen como consecuencia la muerte de otros. Además, serviría de ejemplo a quienes tienen tendencias delictivas.
En segundo lugar, otro argumento a favor de la pena de muerte es el económico. Este argumento plantea que el costo de llevar a cabo esta condena es menor que el de otras. Quienes sostienen esta posición, por ejemplo, señalan que acabar con la vida de un delincuente es menos costoso para el Estado que otras penas alternativas como la cadena perpetua. Esto debido a que encarcelar a un delincuente por un delito grave implica que el Estado gaste más dinero en mantenerlo en prisión en contraste con lo que gastaría si ejecutara al criminal.
El tercer argumento es filosófico y corresponde a un enfoque punitivo. Según esta perspectiva, las condenas son castigos que deben imponerse por los actos criminales. Por consiguiente, la pena de muerte representa la retribución a la sociedad por el daño causado al cometer un delito. Según la Enciclopedia Stanford de Filosofía, los retribucionistas consideran que un criminal debe ser castigado porque se lo merece. En ese sentido, se justifica la imposición de la pena de muerte a un asesino porque la gravedad de su crimen lo haría merecedor de este castigo.
Aunque el tercer argumento es moral y no puede ser evaluado con cifras, sí existen estudios empíricos sobre el primero y segundo. Veamos ahora si la pena de muerte disuade a los delincuentes y si es menos costosa que otras alternativas.
¿Disuade la pena de muerte?
Estudios han intentado evaluar el posible efecto disuasorio de la pena de muerte en la criminalidad. Algunas investigaciones han intentado mostrar que después de la ejecución de esta condena se redujo la cantidad de homicidios.
Por ejemplo, un artículo publicado en el Journal of Law and Economics, revista académica de la Universidad de Chicago, concluyó que, en Estados Unidos, con cada ejecución disminuyeron cinco homicidios.
En contraste, otras investigaciones han buscado mostrar que la pena de muerte no es efectiva para disuadir a los homicidas o que la abolición de este castigo no tiene como consecuencia un aumento de la tasa de homicidios. Un informe elaborado por el Centro Abdorrahman Boroumand, organización dedicada a la promoción de derechos en Irán, encontró que, en 10 de 11 países que abolieron la pena de muerte, hubo una reducción en las tasas de asesinatos en la década posterior a la abolición de esta condena.
Sin embargo, este último estudio no ha logrado evidenciar que existe una relación causal entre la abolición de la pena de muerte y la reducción de los homicidios. En otras palabras, no muestra que hay menos homicidios porque se dejó de aplicar la pena de muerte. Lo que muestra es que, si se elimina este tipo de condena, ello no se va a traducir necesariamente en un aumento de los homicidios. De hecho, esta evidencia sugiere que otros factores distintos a la pena de muerte podrían ser los determinantes en la reducción de la tasa de homicidios.
Para conocer con mayor exactitud qué dice la evidencia sobre la eficacia de la pena de muerte, el Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de Ciencias de los Estados Unidos conformó un comité de expertos sobre el tema. Este comité, conformado por especialistas de distintas universidades, revisó una serie de estudios publicados a lo largo de los últimos 30 años (hasta el 2012) sobre la pena de muerte.
La conclusión del estudio del comité de expertos fue que no existe evidencia para afirmar que la pena de muerte reduce la tasa de homicidios. Pero hay más: la misma investigación también concluyó que no tenemos evidencia de lo contrario, es decir, de que la pena de muerte incrementa los homicidios. Ni siquiera, según la publicación citada, se puede asegurar que la pena de muerte carece de efectos sobre la tasa de homicidios.
Lo que explica la revisión de estudios es que hasta ahora no hay evidencia concluyente sobre los efectos de la pena de muerte en los homicidios.Es decir, el estado actual de la discusión académica es de falta de información satisfactoria. En ese sentido, el comité recomienda que las políticas públicas no se guíen por afirmaciones sobre si la pena de muerte reduce o no los homicidios.
Aunque se han realizado investigaciones econométricas que buscan estimar el efecto de la pena de muerte en la tasa de homicidios, el comité formado por el Consejo Nacional de Investigación de las Academias Nacionales de Ciencias asegura que ninguna prueba que esta sea disuasiva.
En los Estados Unidos, incluso en los estados en los que se admite la pena de muerte, también se admiten otras sanciones alternativas para los homicidios como la cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. De hecho, incluso en los estados en los que más se recurre a la pena de muerte, la mayoría de homicidas son condenados a otras sanciones como la cadena perpetua. Los estudios sobre los efectos de la pena de muerte, así, no logran mostrar que la evolución del número de homicidios tiene como causa la aplicación de la pena de muerte y no, por ejemplo, la aplicación de otras sanciones que se imponen contra los homicidas.
Aparte de ello, según el informe, resulta difícil integrar en un solo modelo estadístico los múltiples factores que pueden incidir en la relación entre la pena de muerte y el crimen. Por ejemplo, puede que la reducción de la tasa de homicidios solo haya coincidido con el periodo de aplicación de la pena de muerte y esté relacionada con variables que no tienen que ver con la realización de ejecuciones.
Además, no existe un consenso sobre la metodología estadística para este tipo de estudios. Todavía más, el comité de expertos señala que los estudios utilizan “presupuestos fuertes y no verificados para identificar los efectos de la pena de muerte en los homicidios”.
En general, existe poco conocimiento sobre cómo los criminales perciben el riesgo de recibir esta pena. Los investigadores han usado datos sobre crímenes y ejecuciones para construir indicadores o modelos estadísticos, asumiendo que los potenciales asesinos evalúan el riesgo de ser ejecutados por su delito. Sin embargo, a la fecha no existen «medidas creíbles» que muestren objetivamente cuál es este riesgo. Aún más, el informe señala que se conoce muy poco sobre cómo los delincuentes perciben el riesgo de recibir una condena a muerte. No sabemos tampoco si existe alguna relación entre el riesgo real de ser ejecutado y el comportamiento de los criminales.
En una línea similar, un extenso estudio del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York señala que es debatible determinar si una persona realiza cálculos antes de cometer un crimen. Investigaciones psicológicas y sociológicas sugieren que muchos actos criminales son cometidos en circunstancias inmediatas o se llevan a cabo impulsados por emociones. Así, los criminales potenciales no considerarían o medirían las posibilidades a largo plazo del castigo y el arresto.
¿Es menos costosa la pena de muerte?
Veamos ahora si la pena de muerte es menos costosa que otras alternativas punitivas. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Seattle mostró que esta pena implica un mayor presupuesto en comparación con los casos en los que el fiscal no pide pena de muerte. Tal como muestra el siguiente gráfico, cuando se contempla la pena de muerte, en cinco de las seis etapas de un proceso judicial aumentan los gastos: encarcelamiento pre condena, defensa, enjuiciamiento, resguardo policial y apelaciones.
Según el Centro de Información sobre Pena de Muerte, en Estados Unidos, esta condena implica diferentes costos tomando en cuenta seis aspectos: costos legales, costos previos al juicio, selección del jurado, juicio, encarcelamiento y apelaciones. Dado que se trata del máximo castigo aplicable, el proceso para condenar a una persona a la pena capital suele ser más largo ya que se debe tener un cuidado mucho mayor para imponer esta condena.
Este centro de información también muestra una compilación sobre los hallazgos de algunos estudios sobre los costos de aplicar la pena de muerte en Estados Unidos.
En conclusión, a partir de los hallazgos de estos informes podemos afirmar que la pena de muerte no necesariamente implica menos gastos. De hecho, puede hacer que el Estado incurra en costos procesales mayores a los de un juicio común, debido a que se debe asegurar la responsabilidad del procesado antes de imponer una medida tan drástica.
Argumentos en contra de la pena de muerte
Los cuestionamientos a la pena de muerte se sostienen principalmente en que esta condena representa una vulneración a los derechos humanos.
Los informes anuales de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte muestran que durante los procesos en que se contempla la pena de muerte han ocurrido casos de arbitrariedad que han mostrado los riesgos que enfrentan los inculpados. Aunque es posible que esto ocurra en investigaciones judiciales donde se considere imponer otras penas, en este caso no se puede revocar la muerte ocasionada.
En algunos casos se han realizado ejecuciones a pesar de que los condenados presentaron argumentos sólidos de su inocencia. Según una publicación de la organización mencionada, esto ocurrió en Pakistán en 1998. Maqsood Ahmed fue procesado por disparar contra un hombre durante un asalto. Sin embargo, un superintendente policial afirmó que él no pudo cometer ese crimen, porque se encontraba bajo su custodia. Además, mientras esperaba su ejecución, dos personas confesaron ser los autores del homicidio.
En otros casos, la arbitrariedad judicial estuvo relacionada también con la desigualdad económica y la discriminación racial. El informe referido presenta un estudio realizado por el Grupo de Asistencia Letrada Gratuita (asociación filipina de abogados especializados en derechos humanos) que demuestra la mayor frecuencia de aplicación de la pena de muerte a personas con formación educativa básica y capacidad económica limitada en Filipinas.
Según otra publicación de esta organización, en el 2018 se registraron procesos que incumplían las normas internacionales en Arabia Saudita, Bangladesh, Bielorrusia, China, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Vietnam. Asimismo, en Arabia Saudita, Ghana, Irán, Malasia, Myanmar, Nigeria, Pakistán y Singapur se impusieron condenas perceptivas (penas que vulneran derechos humanos porque no toman en cuenta las circunstancias del acusado ni las condiciones en que se cometió el delito).
